Ahí les dejo para reflexionar....
Fuente: El Mundo, url: Aquí.
Hecha la ley, hecha la trampa. Todas las leyes (080/93 y 1150/07) dictadas para garantizar transparencia y objetividad en el proceso de contratación pública, lo que hacen es facilitar la corrupción, con la utilización de refinadas artimañas para aparentar cumplir las exigencias legales.
A través de los pliegos de condiciones el administrador elabora las normas que indican el procedimiento para escoger el contratista. Los corruptos envenenan estos pliegos, de tal manera que les permita beneficiar a los amigos y excluir a los no amigos. Muchas fórmulas se han inventado para adjudicar los contratos a los amigos: condiciones o requisitos que solo los de la rosca cumplen, tales como exigir una liquidez alta, certificar índices bajos de endeudamientos y lo que hoy llaman ítems más representativos.
En la Gobernación de Antioquia funciona desde hace tres años un verdadero cartel de la contratación donde los contratistas, sin duda con la aquiescencia de la Administración o seguramente bajo su dirección, se rotan la adjudicación de los contratos de infraestructura. En este sentido los interesados participan de una licitación presentando su propuesta con vocación de derrota, con la intención de favorecer un proponente específico y por eso las propuestas contienen precios elevados, dejando que sólo uno de los participantes presente una propuesta, que, conforme a los pliegos, merezca el beneficiado para construir la obra. El que hoy participa para perder en forma ex profeso, en el contrato de mañana será el beneficiado. Están jugando un verdadero botellón, donde algunos se agachan para que otros pasen. Es un verdadero carrusel de la felicidad, de la cual hacen parte unas 12 firmas de ingenieros perfectamente identificadas. Los ingenieros afirman que existen pequeños carteles por especialidades: carreteras, pavimentos, comandos de policía, etc. y este método o trampa es perfectamente demostrable en adjudicaciones cercanas a los 200.000 millones de pesos, sin contar con lo que pueda existir en los otros y en las adjudicaciones directas.
Ante la asfixia a que se ha sometido gran parte de la ingeniería antioqueña, el gremio se vio obligado a quejarse directamente ante el gobernador Luis Alfredo Ramos. La última visita fue por el mes de agosto del año pasado cuando algunos ingenieros le entregaron al Gobernador estudios serios que demuestran lo que afirmo. El mandatario siempre muestra indignación y asombro ante los denunciantes, pero no pasa absolutamente nada con los funcionarios responsables de las decisiones amañadas. El sistema de contratación fue sustituido por otro, supuestamente para blindar los procesos. Eso no sucedió y la contratación del Departamento está quedando en las mismas empresas contratistas.
El enriquecimiento sin causa, posiblemente producto de un concierto para saquear el erario departamental, ha llevado a graves y patéticas situaciones: En el mandato anterior, a finales del 2006, la Gobernación de Antioquia emprendió el mejoramiento y pavimentación de la carretera La Piñuela-San Francisco, con una inversión de 6.700 millones de pesos para pavimentar 11 quilómetros más 100 metros a un costo por quilómetro pavimentado de cerca de 605 millones, que incluyó explanaciones, drenajes, afirmados y pavimentos. Le correspondió a la actual administración la contratación del tramo correspondiente al último quilómetro más 900 metros con un costo de 3.985 millones de pesos. Inexplicablemente el valor por quilómetro pasó de 605 a 2.119 millones de pesos. ¿Será esto lo que llaman detrimento patrimonial?
Por todas estas denuncias y otras conocidas, la Comisión Sexta del Senado de la República, frente a proposición presentada por el senador Eugenio Prieto Soto y aprobada unánimemente, le pidió a la Contraloría General de la República el control preferente de la contratación en infraestructura del Departamento de Antioquia. Por auto 0010 de 7 de enero del presente año, el ente fiscal asumió esta responsabilidad. Las doctoras Sandra Morelli y Viviane Morales tienen acá la oportunidad de hacer una aleccionadora investigación. ¡Ah!, y existe quien les aporte las pruebas y los estudios pertinentes. ¡Manos a la obra!
En la Gobernación de Antioquia funciona desde hace tres años un verdadero cartel de la contratación donde los contratistas, sin duda con la aquiescencia de la Administración o seguramente bajo su dirección, se rotan la adjudicación de los contratos de infraestructura. En este sentido los interesados participan de una licitación presentando su propuesta con vocación de derrota, con la intención de favorecer un proponente específico y por eso las propuestas contienen precios elevados, dejando que sólo uno de los participantes presente una propuesta, que, conforme a los pliegos, merezca el beneficiado para construir la obra. El que hoy participa para perder en forma ex profeso, en el contrato de mañana será el beneficiado. Están jugando un verdadero botellón, donde algunos se agachan para que otros pasen. Es un verdadero carrusel de la felicidad, de la cual hacen parte unas 12 firmas de ingenieros perfectamente identificadas. Los ingenieros afirman que existen pequeños carteles por especialidades: carreteras, pavimentos, comandos de policía, etc. y este método o trampa es perfectamente demostrable en adjudicaciones cercanas a los 200.000 millones de pesos, sin contar con lo que pueda existir en los otros y en las adjudicaciones directas.
Ante la asfixia a que se ha sometido gran parte de la ingeniería antioqueña, el gremio se vio obligado a quejarse directamente ante el gobernador Luis Alfredo Ramos. La última visita fue por el mes de agosto del año pasado cuando algunos ingenieros le entregaron al Gobernador estudios serios que demuestran lo que afirmo. El mandatario siempre muestra indignación y asombro ante los denunciantes, pero no pasa absolutamente nada con los funcionarios responsables de las decisiones amañadas. El sistema de contratación fue sustituido por otro, supuestamente para blindar los procesos. Eso no sucedió y la contratación del Departamento está quedando en las mismas empresas contratistas.
El enriquecimiento sin causa, posiblemente producto de un concierto para saquear el erario departamental, ha llevado a graves y patéticas situaciones: En el mandato anterior, a finales del 2006, la Gobernación de Antioquia emprendió el mejoramiento y pavimentación de la carretera La Piñuela-San Francisco, con una inversión de 6.700 millones de pesos para pavimentar 11 quilómetros más 100 metros a un costo por quilómetro pavimentado de cerca de 605 millones, que incluyó explanaciones, drenajes, afirmados y pavimentos. Le correspondió a la actual administración la contratación del tramo correspondiente al último quilómetro más 900 metros con un costo de 3.985 millones de pesos. Inexplicablemente el valor por quilómetro pasó de 605 a 2.119 millones de pesos. ¿Será esto lo que llaman detrimento patrimonial?
Por todas estas denuncias y otras conocidas, la Comisión Sexta del Senado de la República, frente a proposición presentada por el senador Eugenio Prieto Soto y aprobada unánimemente, le pidió a la Contraloría General de la República el control preferente de la contratación en infraestructura del Departamento de Antioquia. Por auto 0010 de 7 de enero del presente año, el ente fiscal asumió esta responsabilidad. Las doctoras Sandra Morelli y Viviane Morales tienen acá la oportunidad de hacer una aleccionadora investigación. ¡Ah!, y existe quien les aporte las pruebas y los estudios pertinentes. ¡Manos a la obra!
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