GOBERNACIÓN
En Antioquia la Gobernación y la Contraloría hicieron en 2008 causa común para crear un instituto que, según la exposición que respaldó su creación, manejaría los negocios públicos bajo la égida del rigor técnico y la transparencia en el gasto.
La Junta Directiva estaría integrada, entre otros, por personas afectas al movimiento Alas Equipo Colombia, del mismo del gobernador Luis Alfredo Ramos. Uno de ellos, Jaime Hernando Jaramillo, fungió en la práctica como miembro del equipo de debate del gobernador. Otro, Luis Norberto Guerra, recibió también el encargo de manejar la fiducia que administra los recursos públicos del departamento.
Aunque surgió como una iniciativa liderada por el propio gobernador Ramos para enfrentar la corrupción, el modelo de funcionamiento de la Fundación, en el camino, se habría desviado en sus límites legales y éticos. Desde su creación ha manejado, por vía interadministrativa, contratos que llegan a los $1,5 billones, sin las "trabas" que suponen las licitaciones y sin la "camisa de fuerza" del Estatuto de la Contratación. Tiene un perfil dual: es pública a la hora de manejar recursos destinados a obras de infraestructura, por ejemplo, pero privada al momento de escoger a los contratistas y de manejar los recursos aprobados en cada operación.
El 70% de los contratos se concentra en un reducido grupo de personas y empresas. Si se hiciera un ranking, este estaría encabezado por Álvaro, Jairo y Bernardo Ossa y por las empresas Conasfaltos, Ingevías, Mainco, Provías y Chamad Ingenieros.
La lista de proveedores y contratistas ya está en poder de una misión especial enviada por la Contraloría para verificar denuncias según las cuales los beneficiarios de los contratos son firmas, consorcios y uniones temporales que tienen el denominador común de estar integradas por amigos y personas afectas de tiempo atrás al grupo político Alas Equipo Colombia.
La Contraloría General de la República decidió ejercer el poder preferente para marginar de las investigaciones, que ya empezaron, al contralor de Antioquia, Jorge Rojas Otálvaro. Su independencia ha sido puesta en tela de juicio.
El ex congresista Ramón Elejalde, autor de algunos de los principales cuestionamientos, le dijo a Dinero que tiene abundantes pruebas sobre la manera como opera el que llamó "un juego del botellón", que consiste en que a los procesos de contratación siempre acuden las mismas empresas que, aparentemente, se pelean entre sí pero que se rotan matemáticamente las adjudicaciones. Mencionó, entre otras, a las firmas Trainco, Explanan, Ing. y Contratos y a Luis Fernando Hoyos. Según representantes gremiales, Humberto Moncada, considerado la mano derecha del mandatario, y Jorge León Sánchez, ex viceministro de Protección Social, llevan allí las riendas de la contratación.
Uno de los contratos que más ha llamado la atención es el de la pavimentación de la vía San Jerónimo-San Pedro de los Milagros. Un rastreo de la contratación en la web permite encontrar cambios que generan por lo menos suspicacias. Al cabo de 18 días de entrada en ejecución, bajó la cantidad de obra contratada, subieron los valores de los contratos.
Cristina Meza, secretaria de Infraestructura, en quien el gobernador ha delegado las responsabilidades centrales de la contratación, dijo que la administración le entregó en febrero pasado a una comisión especial de la Contraloría todos los documentos que demuestran que los procesos de contratación no admiten tacha. "La administración mira con seriedad y respeto cualquier cuestionamiento, pero no podemos pasar por alto que este es un año político en el que las críticas son estimuladas por intereses no siempre claros", asegura.
Por ahora no está dicha la última palabra. El gobernador Ramos recibió, de manos de dirigentes del sector empresarial antioqueño, un dossier sobre el manejo de la contratación que podría comprometer a algunos de sus colaboradores más cercanos. Ramos se comprometió a estudiarlo y a tomar medidas de fondo en caso de que se encuentre que algunos de ellos estén al servicio de intereses oscuros.
Por lo pronto, los contratos cuestionados en Cartagena, Cali y en el departamento de Antioquia valen más de $2 billones, cifra comparable a la mitad de las adiciones presupuestales del Gobierno para atender la emergencia invernal.
El modelo del carrusel no es, como pudiera creerse, un invento patentado por Bogotá. Las recientes destituciones del contralor de la capital, Miguel Ángel Moralesrussi, y del ex congresista Germán Olano por el cobro de comisiones sobre el contrato público, han hecho que el país se pregunte hasta qué punto estas prácticas han permeado las administraciones de las entidades territoriales, en un Estado que tiene 54 normas concebidas para combatir la corrupción.
El hecho concreto es que los carruseles giran mientras en el Congreso parece empantanarse en una reforma al Estatuto Anticorrupción que, al menos en teoría, busca proponer soluciones de orden estructural a un problema que en el último lustro le costó al país, de acuerdo con cálculos de los organismos de control, más de $8 billones.
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